GARA | DONOSTIA

El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón hizo público ayer un auto por el que desestima el recurso interpuesto por diez abogados vascos contra la entrada de la Policía española en sus despachos en el marco de la operación llevada a cabo el 31 de octubre contra el movimiento pro amnistía. El juez basa esta decisión en que las sedes registradas pertenecen a Gestoras pro-Amnistía, algo que el organismo antirrepresivo dijo ayer «ha quedado acreditado no ser cierto».

Gestoras recordó en una nota de prensa que, teniendo en cuenta «la ilegalidad» del registro de los despachos de nueve abogados en Hernani y de otra abogada en Iruñea, éstos decidieron interponer un recurso contra la decisión de Garzón. Asimismo, solicitaron la «inmediata devolución» de los ordenadores y del diverso material que se llevaron.

«Las justificaciones del juez Garzón para no enmendar el grave error cometido resultarían totalmente irrisorias si no fuera por la gravedad de los hechos», indicó, y afirmó que esos despachos son de los abogados «y no de Gestoras». Gestoras denunció el hecho de que, tal y como «admite Garzón», el material incautado en los despachos de los abogados haya sido analizado.

Asimismo, informó de que Garzón ha notificado a los diez abogados que deben comparecer el martes en la Audiencia Nacional para la apertura del material requisado en la operación."

El intento de destrucción de Gestoras también tiene dos grandes objetivos estrechamente relacionados. Uno el oficial, denunciado ya, y subterráneo el otro, consistente en forzar la extinción histórica de la vital simbología que en la identidad euskaldun tiene todo lo relacionado con los prisioneros, la tortura, las cárceles, las visitas, la ayuda solidaria popular, la deportación, el destierro y el exilio, las muertes y desapariciones... Desde la matxinada de 1766, por no retroceder más en nuestro pasado, estas situaciones han constituido un factor estructurante de la realidad de Euskal Herria. Han llegado a ser inseparables de multitud de actos colectivos en los que se manifiesta al exterior cómo el dolor interior causado por la represión se fusiona con la vida práctica, con sus sentimientos más íntimos, sus añoranzas y deseos. ¿Quién puede olvidar a Iparragirre, por ejemplo? Solamente quienes desprecian todo lo vasco desde el racismo imperialista. ¿Quiénes pueden adulterar y desvirtuar su significado? Quienes desde su comodidad con el ocupante necesitan ocultar la lucha permanente vasca. Y hay muchos iparragirres en la vida cultural, artística y hasta sentimental y amorosa de nuestro pueblo. Porque, ya es hora de decirlo, la represión no afecta sólo a la política en el sentido restrictivo que le da el poder, sino fundamentalmente a la totalidad de la praxis colectiva e individual en el presente y en el futuro, y a la felicidad más esencial que puede sentir un colectivo humano. Por esto mismo, las sucesivas generaciones van creando una respuesta material y simbólica ­con sus inevitables deficiencias y contradicciones­ para superar las sucesivas oleadas represivas. Más temprano que tarde, inevitablemente, esa creatividad popular desborda los controles de la cultura impuesta y también de la cultura de los acomodados, para oficializarse en la práctica por encima de los tópicos y superficialidades al uso. ¿Quién puede negar el impacto cultural de centenares de miles de anónimos pero reales creadores diarios de cultura liberadora, de crítica a la represión, de denuncia a la tortura, de expansión de la solidaridad más humana que se pueda imaginar? La cárcel en cuanto un factor estructurante de nuestra realidad, impacta objetiva y subjetivamente en nuestro devenir histórico. Una parte del autonomismo desearía ocultar su presencia, reducirla a lo innominable e innombrable, para no azuzar los fuegos de la protesta; otra parte, asume su presencia y la apoya. El mérito del voluntariado democrático de Gestoras es precisamente el de hacer presente la cárcel y mostrar cómo y por qué es posible su erradicación. Y es este mérito el que España no perdona, nunca lo ha perdonado. Recordemos los esfuerzos de algunos para liquidar las Gestoras pro Amnistía a finales de los setenta. Eran y son conscientes de que olvidar a la cárcel y a los prisioneros es más que olvidar el pasado, es negarlo para sustituirlo por una ficción, por una mentira. Sin pasado propio, y con otro impuesto, el presente es una pesadilla caótica e irracional, sólo creíble si se acepta la lógica del poder y su alienación. Hundidos en este pozo sin fondo, el futuro desaparece y queda la pasividad derrotista. Es aquí en donde la Amnistía aparece con toda su luz de futuro porque recupera el pasado y explica el presente, porque su demanda práctica es la reivindicación de nuestra historia. Gestoras, en su quehacer, tiene la virtud de aunar en el presente, en el ahora mismo, lo que hicieron generaciones pasadas con los deseos de futuro de las generaciones actuales. En este sentido, Gestoras es una fuerza constructora de nuestra historia. De ahí su impresionante legitimidad popular; de ahí y contra su referencialidad, el boicoteo despreciable del autonomismo y el odio atávico extranjero. Y porque todos somos parte y agentes de nuestra historia, somos a la vez de Gestoras. Orgullosamente. *

LA diferencia entre un Estado fascista y uno democrático se constata, fundamentalmente, en las garantías jurídicas que ofrece el segundo a sus ciudadanos y que suprime el primero. Incluso en la Facultad de Derecho de mi juventud, regida por los catedráticos que superaron los controles de la dictadura, con la exigencia de acatar los principios del Movimiento Nacional, se nos enseñaba la fundamentación jurídica que introdujo la Revolución Francesa frente a la injusticia feudal. La primera de cuyas normas exige la presunción de inocencia del acusado, hasta que se demuestre su culpabilidad. A ella le siguen una serie de garantías que defienden el derecho de todo ciudadano a no ser procesado sin indicios de culpabilidad, a no ser condenado sin pruebas y a que todo el derecho penal sea sometido a una interpretación literal y no analógica ni extensiva ni mucho menos imaginativa. En resumen, que nadie puede ser sometido a proceso porque los jueces le tengan antipatía, por denuncias ni acusaciones sin fundamento, ni siquiera por la convicción que aquellos mantengan de que el denunciado ha sido autor de delitos que no se pueden demostrar. Y nunca por la comisión de hechos que no se hallen tipificados en el Código Penal.

Me refiero a las consideraciones que el auto dictado por la Audiencia Nacional determinando la libertad de los miembros de Ekin han motivado en sectores de la judicatura y de los medios de comunicación. Cuando se produjo la detención, al igual que las de la Mesa de Herri Batasuna, de los periodistas de ‘‘Egin’’ y más recientemente los de las Gestoras Pro Amnistía, diagnostiqué la precipitación de tal medida, provocada únicamente por el deseo del juez de acabar con el que cree el entramado civil de ETA. Pero los deseos de los jueces son absolutamente inoperantes en sus actuaciones y deben, y ese es un deber absoluto, ser relegados al sillón del psicoanalista y nunca imponerse en sus resoluciones judiciales. Eso es exactamente lo que ahora le han dicho los dos magistrados de la Audiencia Nacional. Perfectamente dicho, y que no hubiera debido motivar ningún comentario más, sino únicamente incitar al juez a medir con más objetividad sus decisiones en el futuro, si no hubiera sido por la polémica que ha suscitado en el mundo político, el periodístico y lo que es más alarmante, el mundo jurídico.

Que el gobierno desee encarcelar, y quien sabe si matar, a todos los que atribuye connivencia con ETA es perfectamente comprensible, aunque sea inasumible. Otros gobiernos ya actuaron en esa dirección. Que el mundo periodístico actúe en función de los vínculos que mantiene con el gobierno, con el PP y también con el PSOE y el PSE, ahora tan rendido a los encantos de Aznar y sus satélites, resulta lamentable, pero igualmente conocido. Lo que me ha motivado a escribir estas líneas es comprobar que determinados magistrados se adscriben a la misma corriente ideológica que pretende acabar con las garantías jurídicas que se implantaron en los países democráticos hace más de doscientos años.

Resulta inadmisible, para cualquier profesional del derecho, e incluso para quien se halle medianamente informado sobre los requisitos exigidos para determinar la comisión de un delito, que el magistrado que ha emitido un voto reservado sobre la resolución de la Audiencia Nacional argumente que es un error «vivir de espaldas al fenómeno terrorista» y que circunscribirlo sólo a las acciones armadas «comporta un anticuado y trasnochado» concepto del terrorismo. Éste precisamente ha sido el criterio utilizado por Aznar para lograr de la UE la inclusión en la lista de organizaciones terroristas de una serie de asociaciones legales hasta ahora, propósito alcanzado gracias al proceso llevado por Garzón, pero que el auto de la Audiencia Nacional deja sin cobertura jurídica. Por ello, las críticas de Ollero como de los corifeos que le felicitan están apoyando únicamente la operación europea en la que Aznar ha apostado toda su influencia.

Puede ser que el concepto de terrorismo del Código Penal, recientemente aprobado, se halle ya trasnochado pero es el hoy vigente y el magistrado debería saberlo. Y si le parece que se deben incluir conductas no previstas en la norma legal, sería bueno que propusiera la modificación en las Cortes. Pero mientras exista la que está todavía vigente, ningún juez ni magistrado puede permitirse la libertad, que es en el mejor de los casos frivolidad y en el peor connivencia con el ejecutivo, de pretender imponer en sus resoluciones sus conceptos sobre terrorismo cuando no coinciden con la ley que debe aplicar. Y si además, a sus preconcebidas ideas añade el subjetivismo de encontrar indicios donde no existen, entonces podríamos encontrarnos ante el peor de los supuestos: el imperio de los deseos del juzgador frente a la objetividad de los hechos probados.

Es inaceptable para cualquier especialista en derecho penal, que según Ollero el intérprete de la ley deba encontrar «el sentido y la voluntad» de la norma, «tanto en lo que la ley dice como en las realidades sociales, económicas, morales y políticas» y que añada que no hacerlo así «conduce a un automatismo literalista» que «se compadece mal con la justificación democrática del conjunto del sistema». Precisamente lo que se compadece mal con la democracia del sistema es la imposición del criterio que pretende el magistrado. Ninguna consideración de orden económico, moral, social ni político puede influir en la voluntad de los jueces cuando se trata de juzgar delitos, que son únicamente, según la definición del Código, los hechos u omisiones penados por la ley.

Quizá para el profano resulte sorprendente que en esta definición no entren consideraciones de orden moral, pero esa es precisamente la grandeza de un sistema jurídico que ofrece todas las garantías a los ciudadanos de que no serán juzgados según los criterios morales de sus juzgadores, lo que en tiempos pasados en Europa, y muy presentes en Oriente, dio lugar a procesos injustos contra todo el que no compartía los mismos valores morales. Tampoco habrán de ser atendidas por el juez las realidades económicas, políticas o sociales, que según el criterio del juzgador pueden ser interpretadas de muy diversas maneras según sea su clase, su sexo, su nacionalidad o su raza. Por el contrario, se supone que esas realidades han sido tenidas en consideración en su debido momento por los legisladores y no le corresponde al juez enmendar la plana a aquellos. De otra manera volveremos a la arbitrariedad feudal, basada siempre en los deseos e intereses del poder. En definitiva, es la literalidad de la norma escrita la que ha de ser aplicada, en contra precisamente de lo criticado por Ollero.

Quizá debo aclarar que si me he decidido a defender la objetividad de los jueces que dictaron la resolución de libertad para los componentes de Ekin, no es por mi simpatía hacia dichas personas, de las que no se nada, sino por mi absoluta antipatía hacia planteamientos que recuerdan mucho más los de los tribunales fascistas que los que deberían imperar en los de la democracia. Porque fueron precisamente argumentos como los utilizados por Carlos Ollero los que dieron con mis huesos en la prisión de Yeserías, y conmigo a veintidós compañeros de tortura, cuando el juzgado militar decidió que mi conducta, y la de los demás, no le gustaba.

Con este artículo únicamente pretendo que no se me pueda aplicar la conocida poesía de Brecht, porque cuando nuevamente vengan a por mí sí sabré por qué es.